La titularidad compartida permite que las parejas gestionen de forma conjunta una propiedad agrícola/ganadera. Con el lema ‘Si compartimos el trabajo, compartamos los derechos” la Diputación de Granada ha acercado esta ley a la población de nuestra provincia 

Las mujeres de nuestros pueblos, históricamente, han trabajado de manera intensa en la agricultura y la ganadería, aunque su trabajo no ha sido valorado y concebido como tal, al no gozar de ningún reconocimiento económico ni jurídico.

La Ley 35/2011, de 4 de octubre de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias supuso un impulso para el sector agrícola y un empoderamiento de las mujeres rurales. La Titularidad Compartida es una unidad económica, sin personalidad jurídica, pero con efectos fiscales, que se constituye por un matrimonio, pareja de hecho o personas con una relación análoga de efectividad, para la gestión conjunta de una explotación agraria. Su constitución no altera el régimen jurídico de los bienes y derechos, aunque los rendimientos generados por la explotación se reparten al 50% entre ambas personas titulares, y todas las subvenciones, ayudas directas y de desarrollo rural corresponderán por mitades iguales a ambas personas. Para materializar la titularidad compartida es necesaria la inscripción en los Registros Autonómicos.

Para una mayor implementación de esta figura se han detectado, entre otros, problemas de complejidad de los trámites de inscripción, desconocimiento de la Ley y falta de formación específica de agentes implicados en su gestión.

Desde la Diputación se intenta dar solución a estos problemas, acercando, entre otras medidas, la Ley a la población “diana” y esclareciendo la complejidad de los trámites de inscripción mediante formaciones dirigidas a actores relevantes del medio rural de la provincia de Granada y a las propias interesadas, como por ejemplo se hizo el pasado 2 de octubre en Alfacar (Alfanevada), el día 3 en la comarca del Poniente o el 11 en el Valle de Lecrín.

Hablamos con Teresa María Gómez-Pastrana Jimeno, agente de desarrollo rural dedicada al análisis de datos y dinamización de entornos despoblados para parar procesos de pérdida de población en dichos territorios que colabora con la Diputación de Granada en charlas informativas sobre el tema y asesoramiento. 

Empezamos desde el principio, Teresa, ¿Qué da lugar a la Ley 35/2011 de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias?

Pues esta ley no es nueva, fue promulgada en octubre de 2011. Culturalmente la propiedad de la tierra recaía en la mayoría de los casos en manos del hombre, aunque la mujer estuviera trabajando en ella. Es como que la mujer está, pero no se visibiliza de ninguna manera. Es decir, se daba por sentado que formaba parte de un todo, pero los derechos económicos, de seguridad social, de todo lo que supone trabajar en lo que llamamos la vida pública, se los lleva el hombre, quien es generalmente el que está registrado en la Seguridad Social del Estado que le reconoce el trabajo, y que además es quien tiene la propiedad de la tierra, quedando así la mujer tradicionalmente excluida. Entonces, esta ley surge como un intento de visibilizar el trabajo dentro de la unidad familiar. 

Con esta figura jurídica, se da la posibilidad a las mujeres de “entrar” en la explotación de esta propiedad, es decir darse de alta, por ejemplo, en el trabajo que realizan, algo que habitualmente no se hacía. Se hizo para generar unos beneficios, sobre todo fiscales, y ayudar a superar muchas barreras en cuanto a compartir la explotación de esa propiedad. 

¿Cuáles han sido los principales retos en la aplicación de esta ley?

Nos hemos encontrado muchos. Hay barreras socioculturales que evitan acogerse a la ley, primero la del desconocimiento y la segunda, la tradición. 

Generalmente, el propietario de la tierra piensa que cede esa titularidad y eso no es así, la ley se ciñe a la explotación, al trabajo. Trata de compartir el beneficio de estar dado de alta: Si los dos estamos trabajando en el campo vamos a visibilizarlo. Cuando yo le digo a la gente no, no estás compartiendo la propiedad, inmediatamente los hombres dejan de tener tanta resistencia al no ver amenazada su propiedad. 

Los beneficios suponen que la mujer que también está trabajando esa tierra, va a estar asegurada contra accidentes y enfermedades, y su vida va a mejorar con una futura pensión. Además, las propiedades agrícolas ganaderas que están suscritas a la ley suben a los primeros puestos en cuanto a subvenciones y otro tipo de ventajas fiscales, que encima pueden recibir por partida doble. Yo lo explico de manera que entiendan que se trata de compartir los derechos ya que están todo el día hombro con hombro. Les digo a los hombres, ¿Qué acto más de cariño, por llamarlo de alguna manera, es que estés con tu mujer todos los días y tu mujer esté segura el día de mañana? Que se le reconozca su trabajo con una pensión, o se le asista si se le rompe una pierna. 

Las resistencias son muchas, por ejemplo, el coste que va a suponer para la explotación el pago de dos cuotas de la Seguridad Social, pero cuando se les muestran los números de las ayudas y ven que compensan, empiezan a “bajar la guardia”. También encontramos a veces en nuestras charlas informativas de la Diputación que cuando tú dices que la titularidad compartida entra dentro de temas de igualdad hay reticencia porque piensan que “eso es una charla para mujeres”, cuando les compete a los dos. 

Es muy interesante informar de esto a la gente joven, para que no les pase como a muchas mujeres que han estado toda su vida trabajando en el medio rural y ahora llegan las jubilaciones, por ejemplo, o se divorcian, o se rompen una pierna en el campo y no tienen nada. Para mí esta es una ley revolucionaria a la que pocos han visto el potencial y el poder que tiene, ni siquiera la gente que habita el medio rural. Es fundamental porque no se toca la propiedad, únicamente se tiene en cuenta el trabajo, y esto es sacar a las mujeres rurales del mercado negro y dar a su trabajo un estatus legal en pleno siglo XXI. 

¿Cómo vamos de números? ¿Hay muchos casos de parejas que han dado el paso?

Lo cierto es que la implementación de esta ley va muy lenta. Después de estos 14 años que han pasado, sigue habiendo unos números muy escasos de gente que se da de alta en la titularidad compartida. Se calcula que hay unas 30.000 personas que pueden optar a esa titularidad compartida en toda España y tan sólo 1.348 lo han hecho. En Andalucía sólo 62 personas y en Granada ocho parejas han dado el paso y en mi opinión lo han hecho por estas campañas informativas que se vienen realizando desde hace unos años, como la de la Diputación de Granada, que visibilizaba todo ese trabajo real que están haciendo las mujeres en el campo y en la ganadería y lo pone en valor. 

La idea es informar y empoderar, dar claves para que las mujeres hagan valer ese derecho. Hay veces que, por ejemplo, las mujeres no reconocen que están trabajando, “si yo sólo llevo los papeles, no estoy en el campo”, y les comentamos que la explotación agraria y ganadera también necesita de ese trabajo burocrático, que si no lo hiciera ella, tendría que asumirlo una gestoría, la labor administrativa es un trabajo, parece muy lógico pero a veces no lo parece. Empoderar es importante, informar es importante, hace que la gente “lo vea”.  

Cuando la gente involucrada ve el material didáctico de estas campañas, empiezan a perder un poco la resistencia así que la difusión es importante. Sería estupendo que se incorporase al material de enseñanza en, por ejemplo, una FP de incorporación al medio rural. Ahora estamos llevando la campaña de la Diputación a los Grupos de Desarrollo Local de la provincia y esperamos generar resultados. Los Grupos de Desarrollo Rural son las entidades que más cerca está de la gente que trabaja en el medio rural.

Es increíble cuando alguien hace la conexión y reconoce los beneficios, si son referentes territoriales, gente conocida donde vive, pues eso es fantástico. 

Hay mucha resistencia a la hora de la burocracia y he de reconocer que el papel de las asociaciones de mujeres del medio rural ha sido fundamental. Lo pongo en valor, muchísimo, porque te pones a hablar con ellas y descubres todos los años que llevan ya estas asociaciones haciendo precisamente esa labor de acompañamiento a las mujeres y a los hombres para que se den de alta en la titularidad compartida. 

Cuando trabajamos en las campañas en este sentido les explicamos que hay que hacer papeles, pero no son tantos, es parecido a darse de alta como empresa. Además, el proceso se ha simplificado mucho y, hoy en día, descargas algunos documentos en la página web de Hacienda y te das de alta en la Seguridad Social, que es lo que haces normalmente cuando trabajas. 

Esta ley también facilita la adaptación de la economía rural a los nuevos tiempos porque ahora el campo tiene abierto un nuevo futuro con la implementación de nuevas tecnologías. Compartir una titularidad agrícola o agraria ya no es sólo cuidar del ganado y de la agricultura sino que requiere un montón de nuevas habilidades: en tecnología, en burocracia, para aplicar los nuevos conocimientos al medio rural, de las que esos ganaderos y ganaderas, agricultores y agricultoras se pueden beneficiar gracias a la ley.

Me gustaría señalar que esta ley que se aplica a parejas, puede aplicarse no sólo a matrimonios y parejas heteroxesuales, sino también a parejas de hecho o a parejas del mismo sexo. Para mí es una ley muy avanzada y es por eso por lo que se está apostando desde la institución provincial.